Abandono animal, costo veterinario y la ausencia de una política pública integral en Puerto Rico

Puerto Rico convive con una cifra que debería alarmarnos más que muchos titulares políticos: más de 300 mil animales realengos deambulan por calles, carreteras y comunidades. Perros, gatos, caballos y otras especies se han convertido en parte del paisaje cotidiano, normalizados por una sociedad que aprendió a mirar hacia otro lado.

No se trata únicamente de una tragedia animal. Es una crisis de salud pública, de seguridad vial y, sobre todo, de responsabilidad institucional.

Que los alcaldes tengan que presentar un plan ante la Junta de Supervisión Fiscal para atender esta situación revela mucho más que una emergencia coyuntural. Revela el estado actual de la gobernanza en Puerto Rico: un país donde los problemas estructurales se atienden tarde, fragmentados y, casi siempre, sin los recursos necesarios.

A este escenario se suma un factor que pocas veces se discute con franqueza: el alto costo de los servicios veterinarios. En Puerto Rico, más de 643,000 hogares tienen mascotas, y para miles de familias el cuidado veterinario representa un gasto difícil de sostener. Enfermedades, accidentes, cirugías y tratamientos preventivos se convierten rápidamente en facturas impagables.

No es casualidad que desde el Senado se proponga regular los seguros médicos para mascotas. Una medida presentada por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, reconoce una realidad incuestionable: el cuidado animal ya no es solo una cuestión emocional, es una carga económica real. Sin embargo, regular seguros -aunque necesario- no atiende la raíz del problema. Alivia síntomas, pero no construye una política pública integral.

Históricamente, el manejo de la salud pública y el control animal han sido funciones del Estado central. Son asuntos que requieren planificación a largo plazo, educación ciudadana sostenida y capacidad fiscal. Cuando estas responsabilidades se transfieren a los municipios sin los recursos necesarios, el resultado no es autonomía, sino abandono institucional.

La proliferación de animales sin hogar no surge de la nada. Es el resultado acumulado de décadas sin campañas educativas consistentes, sin programas masivos de esterilización, sin acceso asequible a servicios veterinarios y sin fiscalización efectiva. En ese vacío institucional ha emergido una red silenciosa que hoy sostiene al país: rescatistas independientes y ciudadanos que alimentan animales en rutas comunitarias en prácticamente todos los pueblos.

Puerto Rico depende, en gran medida, de cientos de personas que rescatan animales sin contar con los recursos para llevarlos a un veterinario. Personas que alimentan colonias completas con dinero propio o con pequeños donativos de otros ciudadanos. Personas que hacen lo que el Estado no ha sabido -o no ha querido- hacer de forma estructurada.

Ese voluntariado no recibe apoyo sistemático del gobierno. No recibe subsidios, ni acceso preferente a servicios veterinarios, ni integración formal en una política pública. Recibe, en cambio, el reconocimiento informal de una sociedad que descansa sobre su sacrificio.

Resolver esta crisis no se logra únicamente con albergues, seguros médicos para mascotas o eutanasia regulada. Cada una de esas medidas puede ser necesaria, pero ninguna es suficiente por sí sola. Sin una política pública integrada, el problema seguirá moviéndose de agencia en agencia, de municipio en municipio y de crisis en crisis.

Hoy, Puerto Rico depende de la solidaridad de rescatistas y ciudadanos que, con recursos limitados, alimentan animales, cubren gastos veterinarios y asumen responsabilidades que el Estado ha delegado silenciosamente. Esa red de apoyo comunitario no es una solución estructural; es un acto de resistencia cívica frente al abandono institucional.

Reconocer esa realidad no implica romantizar el voluntariado ni desentender al Estado de su obligación. Al contrario. La empatía social que hoy sostiene esta crisis debería servir como punto de partida para una acción pública responsable, planificada y sostenida. Un país no puede descansar indefinidamente en la buena voluntad de su gente para atender problemas que son, por definición, colectivos.

La pregunta, entonces, no es cuántos animales hay en las calles ni cuánto cuesta atenderlos. La pregunta de fondo es si Puerto Rico está dispuesto a construir políticas públicas completas o si continuará administrando el abandono como si fuera una condición inevitable del país.

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